DISTINTAS VARAS DE MEDIR

Sala de Prensa

La Ley de contratos del sector público recoge la prohibición de contratar a la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

Relatados los párrafos de la Ley que regula nuestro siguiente relato, nos preguntamos porqué en el Ayuntamiento de Sada existen distintas “varas de medir” a la hora de aplicarla según quién sea el “cargo electo” al que afecte?

Durante la legislatura del 2015 al 2019, la S.L. MONICREQUE ha emitido y cobrado 7 facturas a cargo del Ayuntamiento de Sada, y participado en la II Feria del Libro y disco antiguo de ocasión en mayo de 2017, donde tuvo un puesto de venta en vía pública, cuando un Concejal (BNG) en el Gobierno de esas fechas, indica en su Declaración de Intereses, que es su socio fundador con un 25 % de las acciones, perteneciendo el resto a familiares directos.

Sin embargo, durante la legislatura anterior, concretamente a principios de diciembre de 2012, una Concejala (PP) en el Gobierno se ha visto en la obligación de comprarle dos pequeños radiadores (total 105.-€) a la empresa de la que es copropietaria, SALORIO PORRAL Y OTROS S.L., para colocar en la Escuela Infantil de Mondego, debido a una avería en la caldera de la calefacción: al enterarse del problema a finales de la semana, se pasó aviso a la empresa de mantenimiento de la caldera, a la que le fue imposible arreglarla hasta varios días más tarde, por falta de la pieza estropeada; por ese motivo y para evitar que los bebés pasasen frío durante los días que estuvieron sin calefacción, se instalaron los dos radiadores. La forma de pago habitual de la Administración (un mínimo de 60 días después de registrar la factura) y la urgencia por solucionar la situación de emergencia surgida, impidió hacer el pedido a cualquier proveedor, motivo por el cual la concejala acudió al único que podía solucionarlo inmediatamente (y sin el más mínimo interés comercial): su propia empresa.

No existía modo de haber previsto ni presupuestado este suministro, puesto que fue una avería sobrevenida, al contrario de lo servido por MONICREQUE S.L. cuyas facturas relacionaban una serie de materiales utilizados para distintos eventos municipales: perfectamente previstos y presupuestados con suficiente antelación.

La distinta “vara de medir” se refleja en que SALORIO PORRAL Y OTROS S.L. nunca ha conseguido cobrar esa factura, por “reparos de intervención” al coincidir el nombre del proveedor con el de la concejala que ha hecho el pedido, mientras que MONICREQUE S.L. ha cobrado todas y cada una de las que ha emitido durante la participación en el Gobierno de uno de sus socios fundadores, como ya se ha mencionado anteriormente, con el 25 % de las acciones.

De aquí nuestras dudas: ¿Han tenido “reparos de intervención” las facturas. de 2016, 2018 y 2019 de MONICREQUE S.L. como los ha tenido la de SALORIO PORRAL Y OTROS S.L.  de 2012? ¿Cómo se han solventado esos reparos para llevar a cabo el pago de unas, mientras que la otra sigue “en el cajón”?

Este relato “viene a cuento” tras la noticia de prensa del pasado lunes: “Contas lleva al Parlamento a Sada debido a años sin enviar datos obligatorios”: ¿Qué se pretende ocultar dejando de enviar los datos obligatorios al Consello de Contas? ¿Existen “reparos de intervención” de difícil explicación? ¿Dónde está la transparencia de la que continuamente presume el Gobierno del Sr. Portela?

Declaración de actividades (mandato 2015-2019) publicada en la web municipal del mencionado concejal y miembro del equipo de gobierno.